• La Red ha publicado su
documento de propuestas contra la pobreza, la exclusión social y la desigualdad
de cara a las elecciones generales del 23 de julio.
• En el documento, EAPN-ES recuerda los compromisos internacionales adquiridos
por los diferentes Gobiernos de España en materia de políticas sociales.
La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) ha publicado este jueves el documento ‘Medidas prioritarias para luchar contra la pobreza, la exclusión social y la desigualdad’, una batería de propuestas en materia de políticas económicas y sociales para las elecciones generales del 23 de julio.
En este sentido, la entidad considera “imprescindible” establecer un Pacto Estatal de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social entre los partidos políticos del arco parlamentario, con la participación clave del Tercer Sector de Acción Social (TSAS), a fin de hacer efectivo el derecho de la población a una vida digna, en paz y seguridad.
Para ello, la estrategia debe fundamentarse en los cuatro pilares que estructuran el documento: reducir la pobreza, la exclusión social y la desigualdad, invertir en las personas y en el desarrollo económico sostenible, reforzar la protección social ante los riesgos del ciclo vital, y potenciar los sistemas de gobernanza y el papel del TSAS.
Como señalan desde EAPN-ES, la pasada legislatura ha estado atravesada por una serie de crisis que han puesto en riesgo el cumplimiento de los objetivos de reconstrucción y los compromisos internacionales adquiridos para la presente década, en base al respeto y la garantía de los derechos humanos. Los efectos de este periodo se han sumado a los consecuentes de la gran recesión de 2008 y al resultado de las políticas de recortes y austeridad, que impactaron de forma más cruda en las personas en situación de pobreza.
Según los Informes elaborados por EAPN-ES, en 2022, las cifras de pobreza y exclusión social experimentaron una mejoría respecto al año anterior. Una tendencia que continua en la senda de lo sucedido durante la pandemia de COVID-19, cuando las políticas sociales impulsadas a nivel europeo y estatal evitaron que un millón y medio de personas entrará en riesgo de pobreza o exclusión. Sin embargo, pese a estas cifras, la realidad muestra un país con un problema estructural: 12’3 millones de personas están en situación de pobreza y/o exclusión social.
En este sentido, y de cara a la próxima convocatoria electoral, EAPN-ES considera una obligación recordar a las diferentes formaciones políticas los compromisos sociales adquiridos desde 2015 por los sucesivos Gobiernos en el marco de la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Pilar Europeo de Derechos Sociales, y los vinculados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la UE. Por lo tanto, es necesario no solo salvaguardar las políticas públicas implementadas durante los últimos años para afrontar las diferentes crisis, sino también un incremento del alcance y de los recursos.
“El futuro Gobierno debe seguir avanzando en materia de derechos y políticas sociales, junto a la sociedad civil, para cumplir con los compromisos adquiridos en materia de lucha contra la pobreza y la exclusión social”, ha señalado Carlos Susías, presidente de EAPN-ES y EAPN Europa.
El documento de propuestas presentado por la Red incluye medidas en materia de garantía de ingresos, igualdad de género, justicia fiscal, educación inclusiva, empleo decente, vivienda accesible, reto demográfico, cambio climático, gobernanza y lucha contra la discriminación.
A su vez, se han incluido una serie de metas que recogen compromisos internacionales ratificados por España para los próximos años, entre ellos, reducir la tasa de personas en riesgo de pobreza y/o exclusión social del 26 % actual al 18,2 %; aumentar las tasas de empleo, especialmente femenina, de las actuales (64,4 % para la población total y 59,5 % para las mujeres) hasta la media europea de la UE27 (69,8 % y 64,9 %, respectivamente); o rebajar el sobreesfuerzo en el coste de la vivienda y los suministros a la media europea del 30% de la renta del hogar.
