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ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS DE NECESIDADES Y PROPUESTAS DE MEJORA SOBRE INFANCIA Y FAMILIA Y SOBRE MUJERES EN EXCLUSION SOCIAL POR COVID-19

La crisis sanitaria que estamos viviendo en los últimos meses, debida a la pandemia por el COVID-19, está teniendo un gran impacto sobre toda la sociedad, pero especialmente sobre las personas más vulnerables como son las familias, los niños, niñas y adolescentes, y las mujeres solas o con hijos/as a su cargo.

A la preocupación por este aumento exponencial de la pobreza y la desigualdad de género, así como a la especial vulnerabilidad de aquellas mujeres que tienen menores a su cargo, se suma la preocupación por los efectos negativos que la crisis sanitaria, provocado por el COVID-19 está dejando, y va a dejar, en las mujeres. Creemos que las problemáticas detectadas anteriormente, se van a agravar más y van a aparecer nuevos problemas y situaciones que van a necesitar una mayor respuesta por parte de las instituciones y de la sociedad.

Por ello, desde las entidades que forman parte de la Comisión de trabajo de Infancia y Familia y de la Comisión de trabajo de Mujeres y Exclusión Social de EAPN Euskadi, hemos realizado dos diagnóstico: uno sobre la situación de las familias y los/as menores y otro sobre la situación de las mujeres en exclusión social, que están siendo atendidas en las entidades sociales, de cara a conocer cuáles son las necesidades, dificultades y la realidad que están viviendo, a raíz del COVID-19, con el fin de poder realizar propuestas concretas, que alivien la situación de dificultad, tanto de las familias y menores, como de las mujeres en situación de mayor vulnerabilidad.

Tanto el diagnóstico elaborado por la comisión de Infancia y Familia como el elaborado por la comisión de Mujeres y Exclusión Social, están disponibles en los siguientes links:

ACCEDE AL DOCUMENTO DE Infancia y Familia

ACCEDE AL DOCUMENTO DE Mujeres y Exclusión Social

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IMPLICACIONES SOCIALES DEL CORONAVIRUS

Documento de posición- EAPN ES

Como Red de Entidades Sociales que luchan contra la Pobreza, nos preocupa quiénes van a ser las personas y grupos más afectados por el coronavirus. En términos generales, consideramos que este episodio tendrá un impacto mayor en los hogares en pobreza debido a que tienen menores recursos y menos opciones y, en especial, aquellos con personas dependientes a cargo, en empleo precario o con personas con problemas de salud y enfermedades crónicas. Finalmente, estamos preocupados por la discriminación de grupos vulnerables, algunos de ellos ya estigmatizados, que parece estar aumentando.

Impacto en la desigualdad de género, las mujeres estarán peor

  • El cuidado de la vida de las personas dentro del hogar es una responsabilidad social y política fundamental, pero está habitualmente considerado como una tarea que no merece ser retribuida, ni compensada. Los últimos datos disponibles indican que el 91,9% de las mujeres realizan tareas domésticas y se ocupan del cuidado de niños/as, personas ancianas y dependientes durante 4 horas y 29 minutos diarios, frente al 74,7% de los hombres que dedican en promedio 2 horas y 32 minutos. Con esta crisis sanitaria, es probable que este proceso de sobrecarga sobre las mujeres se agudice.
  • Las mujeres están siendo las responsables de gestionar la inasistencia a los establecimientos educativos. Es decir que, en las familias nucleares (que no cuenten con familiares de apoyo o con recursos económicos para contratar ayuda), las mujeres tenderán a extender sus cuidados habituales, quedándose en casa, lo cual tendrá repercusiones en sus empleos y su economía.
  • En las familias monoparentales, la responsabilidad recae sobre el más de 80% de mujeres que componen estos hogares. Si no cuentan con ayudas de sus redes de familiares y amistades, el impacto será el máximo.
  • En España, las mujeres tienes una tasa de empleo a tiempo parcial que cuatriplica la de los hombres. Este tipo de ocupación tiene un alto nivel de precariedad, con empleos fijos-discontinuos y en sectores en los que el pago se realiza por hora trabajada. Si no hay trabajo, no hay salario. Esto genera una cascada de consecuencias negativas con respecto a los ingresos familiares.

Hogares e infancia en pobreza, con más riesgo y menos opciones

  • La mitad de los hogares españoles tiene algún grado de dificultad para llegar a fin de mes. Los hogares que ya están bajo el umbral de la pobreza tendrán menos opciones.
  • La mitad de los hogares monoparentales ya está en situación de riesgo de pobreza y exclusión. Es decir, carecen de opciones de adquirir servicios de cuidado a través del mercado o de asumir gastos extraordinarios, como las comidas de los hijos/as, que tienen becas de comedor.
  • Hay más de 1 millón de personas que viven en hogares sin ingresos. Evidentemente, tampoco tienen capacidades de gestionar gastos extraordinarios.
  • En conclusión, se verá más afectada la infancia que ya está en riesgo de pobreza, 1 de cada 3 niños/as, que dependen de desayunos y comidas en los colegios, y que probablemente estarán solos/as en casa, al no existir aún recursos adicionales para pagar servicios de cuidado a domicilio, si los padres y madres deben continuar trabajando como habitualmente.
  • Las tareas escolares a través de Internet no podrán ser realizadas por los niños/as y adolescentes que carecen de un ordenador y de conexión a Internet en casa. El 5,5% de la población de España no puede permitirse un ordenador, es decir, que -sin poder acudir a bibliotecas- los hijos e hijas de hogares sin ordenador no podrán acceder a estas clases online.

Personas en empleo precario y en pobreza, las más afectadas

  • Las personas en pobreza en el empleo (trabajadores pobres) alcanzan al 11% de la población ocupada: si no se trabaja, no se cobra. Entre ellos, figuran las trabajadoras domésticas: el número de empleadas de hogar en la actualidad es de alrededor de unas 700.000, el 98% mujeres. También otros empleos “atípicos”, denominados como “falsos autónomos”, que tienen condiciones laborales muy precarias, como muchos de los empleos de plataformas digitales.
  • Las personas que trabajan en el sector privado, que no puedan acogerse al teletrabajo, se enfrentan a tener que coger sus vacaciones, que les descuenten el día de trabajo o que les despidan, con consecuencias sobre niveles de ingresos familiares que ya están muy ajustados para la mitad de la población.

Las personas con mala salud y enfermedades crónicas se verán más afectadas y, especialmente, aquellas que además viven en pobreza y exclusión social

  •  El estado de salud es claramente más deficiente entre las personas en situación de pobreza, tanto en lo que se refiere a la salud percibida, como a la existencia de enfermedades crónicas y limitaciones básicas de la vida diaria. Cuatro de cada diez personas pobres (37,4%) consideran que su salud es regular, mala o muy mala, según la Encuesta Nacional de Salud.  Esta cifra es de once puntos superior al de las personas no pobres (26,2%). 
  • Con respecto a la asistencia sanitaria, la falta de acceso por causas económicas es entre tres y cinco veces más elevada entre las personas pobres que entre las no pobres. El hecho de ser mujer agudiza las inequidades de la pobreza. Los porcentajes de mujeres con falta de atención sanitaria por causas económicas son más altos que los de los hombres para todas las tipologías analizadas.
  • En particular, las personas extranjeras en situación irregular, que no tienen acceso adecuado y pleno a la atención sanitaria en algunas Comunidades Autónomas, también constituyen un grupo de riesgo.
  • Las personas sin hogar, la máxima expresión de exclusión social, no tienen un hogar donde cuidarse, en el caso de que cogieran la enfermedad, ni tampoco recursos para higiene. Por otra parte, dormir en albergues implica una mayor exposición a la enfermedad.
  • Existe una fuerte desigualdad en salud y en atención sanitaria entre las comunidades autónomas, lo cual tendrá un impacto en la prevalencia y recuperación de esta enfermedad.

Propuestas de EAPN

Creemos que es momento de altura de miras, de priorizar el bienestar de todas las personas y, especialmente, de tomar medidas que protejan a los sectores más vulnerables, frenando los procesos que van dirigidos a aumentar las desigualdades entre la población. Creemos también que el Tercer Sector puede jugar un rol importante como asistente de los poderes públicos en la disminución de los efectos negativos de esta crisis y en la pronta recuperación de las personas afectadas.

A continuación, realizamos unas propuestas concretas en ese sentido.

Medidas sociales

  • Cobertura de cuidados para:
    • niños/niñas que deben permanecer en sus domicilios por el cierre de colegios e institutos.
    • personas dependientes o con discapacidad que estuvieran forzadas a permanecer en sus domicilios por el cierre de centros de día.
  • Facilitar dispositivos electrónicos con conexión a Internet a aquellos hogares con menores escolarizados que carezcan de ellos, para que puedan continuar con su educación de manera online.
  • Atención prioritaria a hogares monoparentales, especialmente a aquellos que están en riesgo, por carencia de red de apoyo y/o por situación de pobreza.
  • Garantizar un sistema de acceso a alimentos o comidas a:
    • personas que estén en cuarentena y a niños/as que estuvieran comiendo en el comedor escolar.
  • personas y familias que estén aisladas por la enfermedad y que no dispongan de reservas de alimentos en sus domicilios.
  • Garantía de que las personas inmigrantes y solicitantes de asilo en situación irregular tienen pleno acceso a la atención sanitaria.
  • Suspensión de lanzamientos o desalojos por impago de hipotecas (como indicó el gobierno de España que haría el 9 de marzo), pero también de alquileres, si se puede atribuir la causa de dicho impago al efecto económico y de empleo de esta crisis.
  • Atención a la brecha de género ya existente en el acceso adecuado a la sanidad. Considerando la sobrecarga de los cuidados que afrontan las mujeres, se deberán establecer mecanismos de atención sanitaria que contemplen el cuidado personal y la salud mental de las cuidadoras.
  • Acceso inmediato a una vivienda para todas las personas sin hogar, utilizando el parque público, a fin de que tengan donde protegerse, cuidarse y no exponerse a la enfermedad, utilizando los fondos de emergencia de la UE y los fondos estructurales existentes (aplicación del Pilar Europeo de Derechos Sociales).
  • Refuerzo de la cooperación de las administraciones con las entidades del Tercer Sector para desarrollar un plan social de contingencias, que apoye y o gestione algunas de las medidas sociales antes mencionadas.

Protección a la ocupación

  • Evitar despidos de personas, particularmente mujeres, que deban conciliar para cuidar a sus hijos/as o personas dependientes, o personas activas que estén en cuarentena por enfermedad. Compensación de las horas perdidas y no cobradas a través de un fondo extraordinario.
  • La caída de la actividad económica va a tener un efecto cascada sobre un conjunto de sectores de actividad, afectando a los sectores más débiles como las personas trabajadoras autónomas. En este sentido, es necesario activar medidas de incentivos, suspensión de cuotas y habilitación de prestaciones para paliar la situación, en los casos en los que las personas autónomas estén enfermas o a cargo de cuidados de personas dependientes.

Mayor coordinación entre administraciones públicas: menos diferencias y más apoyo conjunto

Como tantas cosas, las enfermedades no respetan fronteras. Se debe coordinar el esfuerzo de actuación frente a la enfermedad y garantizar el acceso de todas las personas a los recursos sanitarios, en igualdad de condiciones, para garantizar el bienestar de la población y no dejar nadie atrás.

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8 DE MARZO DE 2020 DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES

Con motivo del día 8 de marzo, desde la red EAPN Euskadi y del grupo de mujeres y exclusión social de la red, que reúne a las organizaciones del tercer sector comprometidas con la erradicación de la pobreza y la exclusión social, queremos manifestar que las desigualdades de género generadas por el modelo heteropatriarcal, están directamente relacionadas con la exclusión social de las mujeres y con su acceso desigual al poder y los recursos.

No podemos olvidar que la brecha que separa a los hombres de las mujeres en situación de exclusión ha seguido ampliándose en los últimos años. El hecho de ser mujer, influye notablemente entre los elementos que pueden incidir en la situación de pobreza o de exclusión de las personas, sumándole a esto, en muchas ocasiones, factores de discriminación múltiple (como el origen, la etnia, la discapacidad, la edad, etc.). Atrapadas en el círculo de la pobreza y la exclusión, las mujeres carecen en muchos casos de acceso a recursos y servicios que reviertan su situación.

Por ello, queremos denunciar las situaciones de vulnerabilidad y exclusión que sufren las mujeres: soportan peores condiciones de vida que los hombres: más desempleo, peores salarios, peores condiciones laborales, más violencia, más agresiones, más dependencia económica… y también, más pobreza y exclusión social. La más grave manifestación de la desigual y la más cruel, son las violencias machistas. Queremos subrayar que la salida del ciclo de la violencia es imposible cuando las mujeres no tienen independencia económica. Además de que muchas se empobrecen precisamente por ser víctimas de dicha violencia.

En esta ocasión, queremos hacer una especial mención a las mujeres que forman hogares monomarentales en situación de exclusión social. En este día, resulta imprescindible dar a conocer y visibilizar esta realidad. Las unidades encabezadas por mujeres en situación de exclusión, tienen en común la dificultad para conciliar vida laboral, familiar y personal, la precariedad e inestabilidad laboral y la falta de apoyo institucional.

Además, las mujeres que se encuentran en situación de pobreza y exclusión social se encuentran con mayores problemas añadidos. Su acceso a los servicios sociales es mucho más complejo que el de los hombres. Muchos recursos no están pensados para ellas, no tienen en cuenta sus necesidades y sus situaciones. Se consolida así un doble proceso de exclusión: la exclusión en la propia situación y la exclusión en la respuesta que da la sociedad.

En este 8 de marzo, desde EAPN, queremos reivindicar expresamente que es necesario desarrollar políticas y medidas apropiadas para prevenir y erradicar la desigualdad de género, y promover la igualdad en todas las políticas y acciones.

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MANIFIESTO: POR UNA RGI QUE ACABE CON LA POBREZA

Tras nuestra comparecencia en la mesa de la Comisión de Empleo, Políticas Sociales y Juventud como colectivos, movimientos sociales, sindicatos, entidades sociales, plataformas y redes del Tercer Social de Euskadi nos posicionamos ante la Proposición de ley para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social.

POR UNA RGI QUE ACABE CON LA POBREZA. MURRIZKETARIK EZ!

En concreto, PEDIMOS que en la próxima legislatura se retire o, cuando menos, se modifique de manera sustancial la Proposición de Ley para la Garantía de Ingresos y para la inclusión social presentada por PNV y PSE y cuya toma en consideración se aprobó en el Pleno del Parlamento Vasco el 27 de junio de 2019.

Hay que tener en cuenta que este pasado año se planteó de nuevo la reforma del sistema de protección social a través de la Proposición de Ley para la Garantía de Ingresos y para la inclusión social. Así, desde el Parlamento Vasco, la mesa de la Comisión de Empleo, Políticas Sociales y Juventud acuerda convocar a diferentes entidades, grupos, colectivos sociales o redes del Tercer Sector de Euskadi a comparecer en el Parlamento a fin de que pudiéramos realizar nuestras aportaciones en relación a la citada proposición.

Este sistema necesita ser REFORZADO, ACTUALIZADO Y MEJORADO desde el análisis de la realidad para la mejora de la vida de las personas. Instamos a las instituciones a que doten a este sistema de la legitimidad social y política necesaria, así como a que pongan a disposición del sistema el compromiso y los medios suficientes para acabar con la pobreza y la exclusión social en Euskadi;

En nuestro territorio:

  • Las mujeres recogen el 55% de los casos de pobreza real.
  • Las familias monoparentales encabezadas por mujeres recogen un 30% de la pobreza.
  • 172.307 personas (el 8% de la población) vive en riesgo de pobreza (tiene menos de 541,27 euros al mes para vivir).
  • 484.571 personas (el 22,4% de la población) vive en situación de riesgo de ausencia de bienestar (viven con menos de 811,90 euros al mes).

Además, debemos señalar que, de estas personas, según datos de la Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales de Euskadi (2018),

  • Una parte importante de la población en riesgo de pobreza no accede al sistema por diferentes razones (no cumplir requisitos de acceso, falta de información u otras cuestiones); hablamos de un total de 60.618 personas en 2018 (un 30,7% del total de hogares en riesgo).
  •       Una parte importante de la población que accede al sistema no sale de la pobreza. En concreto un 51,56% de las personas (70.348 personas) en el año 2018.

TRAS ESTE ANÁLISIS INSISTIMOS EN QUE:

  • Es NECESARIO que se desarrolle adecuadamente el sistema de Inclusión Social y que se avance en el reconocimiento de los dos Derechos:
    • Derecho a la Garantía de Ingresos
    • Derecho a la Inclusión Social
  • DEBE  replantearse  la  nueva  conceptualización  que  da  la  proposición  de ley  a  la “unidad de convivencia”, ya que no tiene en cuenta la realidad actual de la sociedad vasca en cuanto a convivencia (no necesariamente teniendo vínculos afectivos o de otra índole). La limitación de una RGI por vivienda expulsará del sistema de protección a miles de Unidades de Convivencia que se ven a día de hoy obligadas a compartir piso por su situación de pobreza.
  • Es  IMPRESCINDIBLE  revisar  los  criterios  de  acceso  para  que  las  personas  que  se encuentran en situación de pobreza y exclusión social puedan acceder a prestaciones sociales y tengan medios suficientes de subsistencia, tal y como estipula la Declaración de los Derechos Universales.
  • Es URGENTE que se revisen las cuantías de las prestaciones y que se recuperen los recortes que se han realizado durante los últimos años (la no aplicación de la subida del SMI sumada al recorte del 7%), con el fin de posibilitar que las personas salgan de la pobreza. Debe proponerse un indicador estable, que sea suficiente para salir de la pobreza y revisable en función del nivel de vida.
  • Es IMPORTANTE que sea un sistema claro, accesible y entendible por todas las personas y, en especial, por aquellas que deban hacer uso del sistema. El actual sistema es complicado de entender, la tramitación resulta compleja para parte de la población y hay elementos que suscitan diferentes interpretaciones, que pueden ocasionar problemas en detrimento de la garantía del derecho. Es igualmente importante que se dé una interoperabilidad y coordinación entre los diferentes sistemas que permita una agilidad y mejora en la gestión.
  • Además, en la proposición de ley presentada, quedan muchos elementos sujetos a reglamentación posterior.

Se DEBE PRESTAR ESPECIAL ATENCIÓN a aquellos colectivos de especial vulnerabilidad, entre ellos a mujeres con problemas de especial vulnerabilidad y a las personas mayores:

  • Incluyendo la perspectiva de género en el propio diseño de la ley, tal y como se dispone en los artículos 18 a 20 de la Ley 4/2005, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, que dispone que se “ha de analizar si la actividad proyectada en la norma o acto administrativo puede tener repercusiones positivas o negativas en el objetivo global de eliminar las desigualdades entre mujeres y hombres y promover su igualdad”.
  • Adaptando la Ley al Convenio de Estambul, Convenio del Consejo de Europa sobre  prevención  y  lucha  con  la  violencia  contra  la  mujer  y  la  violencia domésticas, que forma parte de nuestro ordenamiento interno desde 2014; cambiando la utilización del término “violencia en el ámbito familiar”, de la actual proposición de ley, por una nueva definición que abarque todas las situaciones de violencia que las mujeres puedan padecer a consecuencia de la desigualdad de género.
  • Introduciendo la perspectiva del interés superior de la infancia, tal y como estipula la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas y nos recuerda el ARARTEKO en recomendaciones del año 2015. Además, es importante prestar atención a las personas que salen de nuestros sistemas de protección de infancia al cumplir 18 años, además de apoyar los procesos de emancipación de las y los jóvenes.
  • Previendo medidas de atención y protección a las familias monoparentales y en especial, aquellas encabezadas por mujeres que, como decíamos, sufren el 30% de los casos de pobreza en la CAE.
  • Revisando el concepto de núcleo pensionista y haciéndolo extensible a familias con miembros que puedan tener pensiones por discapacidad, salud metal…
  • Poniendo especial atención a las personas con discapacidad, sin mezclar conceptos como “dependencia” o “discapacidad” y garantizando el carácter público de todas las fases de procedimiento, sin establecer procedimientos específicos para personas específicas.
  • Cuidando la atención a personas refugiadas y apátridas, como algo necesario debido a las dificultades especiales del colectivo y no debido a situaciones coyunturales y revisando los conceptos jurídicos que hacen referencia a personas solicitantes de asilo, poniendo especial cuidado en la redacción ya que pueden llegar a excluirse algunas personas en el intento de concretizar, como ocurre, en este caso, con las personas a las que se les ha concedido la residencia “por razones humanitarias.
  • Replanteándose   medidas   de   atención   y   acceso   de   las   personas   con problemáticas graves de exclusión social y garantizando su acceso al sistema.

Las comparecencias que hemos realizado desde las organizaciones hoy presentes, hacen aportaciones concretas encaminadas a dar solución a estos y otros problemas del sistema; en Euskadi la realidad social y las cifras de pobreza y exclusión social exigen hoy revisar y mejorarlo.

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Presentación de la adhesión de decenas de organizaciones y coordinadoras sociales, del tercer sector y sindicales al manifiesto ‘Por una RGI que acabe con la pobreza. Murrizketarik ez!’

El 27 de febrero de 2020 varias redes y entidades del Tercer Sector, plataformas, sindicatos y colectivos sociales presentamos en una rueda de prensa un manifiesto en el que pedimos que en la próxima legislatura se retire o, cuando menos, se modifique de manera sustancial la proposición presentada por PNV y PSE.

Entre finales de septiembre y finales de noviembre de 2019, un total de 28 agentes comparecemos en la comisión de empleo y políticas sociales con el fin de hacer aportaciones a la Proposición de Ley para la Garantía de Ingresos y para la inclusión social presentada por PNV y PSE y cuya toma en consideración se aprobó en el Pleno del Parlamento Vasco el 27 de junio de 2019.

El documento que se ha presentado el día 27 de febrero en Bilbao recoge todos los puntos en los que las organizaciones que han comparecido coinciden. Se trata de un trabajo arduo en que se ha intentado englobar las demandas comunes de todas las organizaciones comparecientes de cara a hacer una ley que realmente acabe con la pobreza y la exclusión social en Euskadi.

Es importante señalar que las adhesiones son SOLO de entidades que han presentado comparecencias en el último proceso abierto a finales de 2019.

CONVOCANTES:

COLECTIVOS SOCIALES: Argilan-ESK, Argitan (Centro Asesor de la Mujer de Barakaldo), Asociación de Mujeres de Basauri, Asociación de Trabajadoras de Hogar de Bizkaia, Berri-Otxoak (Barakaldo), Danok Lan (Galdakao), Elkartzen, Iskanbila, La Posada de los Abrazos-Besarkatuz, Mujeres del Mundo, Oficina de Derechos Sociales de Portugalete, PAH Kaleratzerik EZ-PAH Bizkaia, Punto de Información sobre RGI (Santurtzi), SOS Racismo y Trabajadoras NO Domesticadas.

SINDICATOS: CC OO, UGT, STEILAS y ESK.

REDES Y ENTIDADES DEL TERCER SECTOR SOCIAL: EAPN EUSKADI (Red europea de lucha contra la pobreza y la exclusión social, SAREEN SAREA (Red del Tercer Sector Social de Euskadi), CEAR Euskadi, Cáritas Euskadi.