Autor: EAPN Euskadi

Carlos Bargos. Director de Caritas Bizkaia.

Esta pandemia nos está dejando muchas secuelas y no solo en salud. Consecuencias sociales y económicas directas sobre la vida de las personas más frágiles junto a la urgencia de afrontar como sociedad grandes cuestiones que esta situación nos ha planteado.

Nos encontramos ante una grave crisis global de origen sanitario que está generando unos efectos socioeconómicos de igual o mayor intensidad. Una crisis social que coloca en el centro del debate público cuestiones de gran envergadura que como sociedad debemos abordar.

La manera en la que las consecuencias socioeconómicas de las crisis se distribuyen entre la población se explica desde la lógica de la desigualdad social. Por ello, las secuelas afectan con mayor intensidad, perduran más en el tiempo e incluso se instalan permanentemente en personas, familias y grupos sociales en situación de vulnerabilidad y exclusión social. En este sentido la crisis actual no es, ni será, una excepción. Los efectos sociales de esta coyuntura se prolongarán a medio – largo plazo, con consecuencias que comenzamos a constatar actualmente pero que aún no se han desplegado en su total magnitud. 

En diciembre 2020 desde nuestro Observatorio de la realidad y desde el testimonio de personas/equipos que trabajan pegadas a la realidad, percibimos que un significativo segmento de la población que ya se encontraba en situaciones de exclusión, vulnerabilidad o estancamiento social, en estos momentos, están siendo especialmente afectada por las consecuencias sociales y económicas, intensificándose su situación de pobreza, desempleo o empleo muy precarizado. De nuevo se visibiliza la profunda desigualdad que nuestro sistema genera en la desprotección de estas situaciones (muchas de estas personas se sostienen en el empleo informal) que carece de amortiguadores económicos básicos porque por requisitos administrativos quedan fuera de todo sistema de apoyo público.

Podemos destacar las evidentes consecuencias inmediatas en varias dimensiones.

1. Empleo-Ingresos-Vivienda. Debilitamiento aún más de un empleo que ya venía siendo precario: la etapa de confinamiento barrió el empleo de las personas más vulnerables y evidentemente sus ingresos. Esta pérdida de aporte económico afecta a todas sus condiciones de vida, alimentación, medicación, pero especialmente al ámbito de la vivienda tanto en el sostenimiento de sus suministros como de la propia estabilidad residencial.
2. Brecha digital con múltiples ramificaciones. Se ha evidenciado como un factor de exclusión claro. Grupos sin conectividad ni equipamiento, sin habilidades digitales por formación o edad, que están quedándose excluidas de este “nuevo mundo cada vez más on-line”. Por efecto de la pandemia se ha complejizado por digitalización:
   1. la relación con la administración, que ha intensificado esta grieta, generando nuevas dificultades para la relación con lo institucional. Cada vez es más difícil una relación que debía de ser cada vez más fácil.
   1. ha sido crítico el impacto en los procesos educativos de menores y adolescentes de familias vulnerables. Este descuelgue que se ha producido en el confinamiento y el retraso que esto ha producido en estos procesos educativos tendrá consecuencias negativas diversas.
   1. la comunicación interfamiliar, social y laboral se ha hiperdigitalizado con vertiginosa rapidez, sin procesos de adaptación o formación que garanticen el acceso adecuado, produciéndose una especie de “selección natural” digital.   

• Impacto psico-emocional: miedo a salir y a retomar las relaciones. Muchas personas por su edad y debilidad de salud y otras muchas por miedo a un contagio que haría perder el poco trabajo que tienen y las que la presión de caer enfermas o tener que asumir un confinamiento preventivo es más alta que para el resto de la población. Si no trabajan, no hay ingresos y además pueden perder el empleo y la vivienda. El confinamiento ha dejado, además, una huella importante de conflicto relación/familiar: separaciones, malos tratos, tensiones dentro de las relaciones familiares. Aumento no solo cuantitativo, sino cualitativo respeto a la gravedad de los problemas.

Pero es importante además de detectar y atender a las consecuencias directas e inmediatas de esta situación, analizar cuestiones de modelo social que como comunidad debemos de afrontar. La dura experiencia de confinamiento e incertidumbre creada por la pandemia ha puesto en evidencia retos de gran calado.

• Ha resituado la vida y el cuidado de las personas en el centro, subrayando la necesidad de nuevas estrategias que sean alternativa al actual modelo social construido exclusivamente en base al crecimiento económico y el consumo como motor de bienestar individual y social.
• Nos ha descubierto el valor de los vínculos personales, comunitarios e incluso trascendentales en un contexto en el que avanzamos hacia una sociedad desvinculada y extremadamente individualista. Ha resurgido con fuerza la pregunta por el sentido de la vida y de nuestras relaciones personales y sociales.
• Nos coloca ante nuestra fragilidad personal y social, que nos ha sorprendido ante sensación generalizada pero irreal de seguridad y control. Nos enfrenta al reto de construir servicios sociales y del tercer sector con resiliencia ante futuras emergencias sanitarias desarrollando un modelo de atención social y residencial adecuado, preparado para ellas.
• Ha evidenciado la necesidad de reconstruir y reforzar el espacio de “lo público” en base a la idea del Bien Común.  Un espacio construido desde la responsabilidad de los poderes públicos en el desarrollo de los derechos humanos y con la participación activa de la sociedad civil organizada y la ciudadanía en general.

Las entidades del Tercer sector estamos jugando un papel esencial tanto a la hora de acompañar la situación concreta de dificultad en las personas como en la detección de oportunidades de transformación social desde claves de igualdad y justicia. Debemos mantener la intensidad de nuestras apuestas con la mirada puesta en el cuidado de la vida.

INTRODUCCION

La presidenta de la Comisión Europea emitió en septiembre su primer discurso sobre el Estado de la Unión Europea (SOTEU) y reconoció que vivimos en un periodo de “profunda ansiedad para millones de personas que están preocupadas por la salud de sus familias, el futuro de sus trabajos o simplemente por sobrevivir hasta fin de mes”.

Así, en la presentación de los presupuestos para el 2021, el propio Consejero de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco, Pedro Azpiazu, expresaba que no se van a contemplar recortes en políticas públicas, señalando que “la austeridad no va a ser nuestro camino” y apostando por la necesidad de reforzar la “resiliencia de nuestro estado de bienestar para mitigar las desigualdades que toda crisis genera”.

Pero, ya anteriormente a la crisis sobrevenida por la alarma sanitaria debida al COVID-19 veníamos detectando una serie de problemáticas concretas en cuanto al acceso y garantía de los derechos sociales en nuestro territorio. La crisis sobrevenida ha puesto aún más de manifiesto estas problemáticas y ha hecho aparecer otras que no teníamos detectadas. Según los datos de la última Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales de Euskadi (EPDS 2018):

• Las mujeres recogían el 55% de los casos de pobreza real.
• Las familias monoparentales encabezadas por mujeres recogían un 30% de la pobreza.
• 172.307 personas (el 8% de la población) vivían ya en riesgo de pobreza (tiene menos de 541,27 euros al mes para vivir).
•  484.571 personas (el 22,4% de la población) vivía en situación de riesgo de ausencia de bienestar (viven con menos de 811,90 euros al mes).
• 2.000 personas no tenían hogar

La actual situación nos indica que estos niveles de pobreza y desigualdades sociales van a aumentar y, probablemente, superar los niveles de la crisis del 2008.

En la celebración del Día Internacional contra la pobreza y la exclusión social que celebramos el pasado 17 de octubre, manifestábamos que CREEMOS, más que nunca, en la necesidad de prevenir y de buscar soluciones porque ACABAR CON LA POBREZA también es una opción política.

Desde este documento, queremos centrarnos en aquellas cuestiones que consideramos que deben ser tenidas en cuenta para conseguir una política de lucha contra la pobreza que reduzca significativamente los niveles de desigualdad en la CAE, y que refuercen, mejoren y actualicen el sistema de protección social y el acceso a derechos de todas las personas y, especialmente, de aquellas que se encontraban anteriormente en situación de vulnerabilidad y que están viendo agravada su situación.

PROPUESTAS

Como primera propuesta general, queremos insistir en la necesidad de trabajar y promover un sistema de protección social que se base en la PREVENCIÓN de las situaciones de pobreza, exclusión y desigualdades sociales en Euskadi. Es necesario, para ello, actualizar el marco conceptual de todas las políticas sociales y de manera coordinada, a los nuevos paradigmas de atención a la exclusión y a la pobreza, teniendo en cuenta su carácter multicausal y multidimensional y que no se refiere exclusivamente a la insuficiencia de recursos ni a la participación en el mercado laboral y considerando aspectos primordiales la calidad de vida y atención centrada a la persona; en todos los momentos de la vida y contando con la OPINIÓN DE LAS PERSONAS que sufren o han sufrido pobreza y/o exclusión social, la individualización, reducción de daños y baja exigencia, activación inclusiva y ciudadanía activa, perspectiva de género y garantía de derechos, también de la infancia y en su transición a la vida adulta.

Por supuesto, se debe también DAR RESPUESTA a las necesidades concretas y situaciones de pobreza y exclusión social que ya se están produciendo. A continuación, presentamos una serie de cuestiones que nos parecen relevantes

• Necesitamos contar con un sistema de protección social fuerte y preparado para eventualidades. Un sistema reforzado, que no necesite de planes de crisis/urgencia porque ya los contempla desde su diseño y en su planificación:
  • Mantenimiento de las respuestas dadas durante el periodo de confinamiento y post-confinamiento, de cara a garantizar las prestaciones y ayudas a las personas afectadas por la crisis: ayudas monetarias, paralización de desahucios, establecer espacios de asesoramiento, protección emocional y respiro para todas las personas y para familias con hijos e hijas (poniendo especial atención a familias monoparentales)
  • Contar con de una planificación estable, con protocolos integrados en caso de crisis, urgencia… Que las acciones iniciadas en los meses previos se conviertan en el germen de nuestro sistema fortalecido de protección social.
  • Debe ser un sistema fortalecido para garantizar los derechos de la infancia y la adolescencia.

• La digitalización masiva que se está produciendo hace que la brecha digital que existía, se agrande (incluso para el acceso al sistema de protección social), creando nuevas y mayores desigualdades. Vemos necesario e imprescindible retomar atención en servicios sociales de carácter presencial, garantizando medidas de seguridad, para que todas las personas que precisen de ellos puedan ser atendidas.

• Necesidad de vincular y coordinar todas las políticas para garantizar el acceso de todas las personas a derechos sociales (políticas de garantía de ingresos, políticas fiscales, políticas de vivienda, políticas de empleo inclusivo, planes de infancia y familia, ley de servicios sociales y desarrollo de la cartera…).
  • Establecer previamente la manera la planificación de esta coordinación, los objetivos, contenidos, las funciones de cada institución y departamento, así como sus responsabilidades y áreas concretas de actuación.
  • Las políticas de lucha contra la pobreza y el sistema de protección social de Euskadi deben poner a la infancia y la igualdad de género en el centro.

• Necesitamos, por parte de las políticas de lucha contra la pobreza y del sistema de protección social:
  • Implicación y un compromiso para poder ofrecer respuestas adecuadas en los procesos de inclusión de las mujeres más vulnerables. Es necesario y prioritario dotar de recursos y presupuesto para estudiar las situaciones concretas y (re)diseñar las respuestas adecuadas en cada caso.
  • Una revisión de todas las políticas desde una perspectiva que tenga en cuenta la situación de desigualdad desde la que parten las mujeres con respecto a los hombres. Solo de este modo garantizaríamos un acceso igualitario a derechos y, en especial, a rentas mínimas.
  • Garantizar la conciliación con el trabajo de cuidados a todos los ámbitos, también en los procesos de inclusión social; así como reconocer la importancia de este trabajo de cuidados en la sociedad en que vivimos; un trabajo realizado por mujeres en muchos casos, y no remunerado, lo que supone, además, una brecha de desigualdad.

• Se trata de un buen momento para re-pensar los servicios sociales desde el análisis, la evaluación y los resultados obtenidos:
  • analizando de las respuestas y resultados;
  • analizando las nuevas realidades detectadas durante y después del estado de alarma y confinamiento;
  • estableciendo sistemas más flexibles y centrados en las personas, siempre en clave de derechos;
  • estableciendo sistemas de evaluación continua y de impacto (sistema de detección de problemáticas y protocolos de soluciones).

• En cuanto al ámbito de la vivienda, ya antes de la crisis sobrevenida por COVID-19 veníamos detectando problemáticas concretas en el acceso al derecho a una vivienda digna.
  • Por ello, debemos insistir en que la respuesta a la problemática de vivienda NO debe ser solamente una respuesta de urgencia, sino que debe pensarse en mecanismos de protección específica en el caso de situación o riesgo de pérdida de vivienda, así como garantizar una solución habitacional adecuada a personas y familias que se encuentren en procesos de desahucio o lanzamiento de su vivienda habitual (ya sea propia o en alquiler), en situación de calle, en infraviviendas[1]. Proponemos, en concreto, la provisión de un servicio gratuito de intermediación con la entidad bancaria/propiedad del inmueble en las situaciones de riesgo de pérdida de la vivienda y garantía de realojo obligatorio por parte de la administración en caso de estar en situación de vulnerabilidad y carecer de alternativa habitacional.
  • Respecto a las cifras alarmantes de personas en situación de exclusión residencial en Euskadi; Gobierno Vasco cuenta con una Estrategia para la erradicación del sinhogarismo en Euskadi; pero, su carácter de LIBRE ADHESIÓN y NO CONTAR CON UN PRESUPUESTO para su desarrollo, impedirá que se alcance el objetivo de erradicación del sinhogarismo. Creemos que es necesario que:
• se preste especial atención y sensibilidad a la situación de vulnerabilidad de las mujeres;
• se trate de una Estrategia Global que comprometa a toda la Administración Vasca;
• se la dote de un presupuesto que permita el desarrollo de las actuaciones.

• Sobre el Sistema de Rentas Mínimas y para la Inclusión Social en Euskadi, hablamos de cuestiones relacionadas: la reforma pendiente de la Ley de Renta de Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social iniciada en los años anteriores; el desarrollo efectivo del sistema de inclusión social en Euskadi y la integración de las distintas prestaciones actuales en un sistema vasco de garantía de rentas mínimas. Es necesario una política de renta de garantía de ingresos que acabe con la pobreza.

• Respecto a la REFORMA DE LA LEY, reiteramos aquellas cuestiones sobre las que pusimos el foco en nuestras comparecencias de 2017 y 2019 y que, creemos que hoy siguen teniendo vigencia:
  • Creemos que es necesario y urgente un pacto social para garantizar el acceso de las personas más vulnerables al sistema de rentas mínimas y a la inclusión social.
  • Pensamos que es importante evolucionar del doble derecho hacia la garantía de dos derechos: Derecho a la Garantía de Ingresos y Derecho a la Inclusión Social.
  • La ley debe incluir la perspectiva de género en su propio diseño, tal y como se dispone en los artículos 18 a 20 de la Ley 4/2005, para la Igualdad de Mujeres y Hombres; así como adaptarse al Convenio de Estambul, Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha con la violencia contra la mujer y la violencia domésticas.
  • Es necesario que se introduzca la perspectiva del interés superior de la infancia, tal y como estipula la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas y nos recuerda el ARARTEKO en recomendaciones del año 2015. Además, es importante prestar atención a las personas que salen de nuestros sistemas de protección de infancia al cumplir 18 años, además de apoyar los procesos de emancipación de las y los jóvenes.
  • Es imprescindible revisar los criterios de acceso para que las personas que se encuentran en situación de pobreza y exclusión social puedan acceder a prestaciones sociales y tengan medios suficientes de subsistencia, tal y como estipula la Declaración de los Derechos Universales.
  • Debe replantearse la nueva conceptualización que se ha dado en la proposición de ley presentada en 2019 a la “unidad de convivencia”, ya que no tiene en cuenta la realidad actual de la sociedad vasca en cuanto a convivencia (no necesariamente teniendo vínculos afectivos o de otra índole). La limitación de una RGI por vivienda expulsará del sistema de protección a miles de Unidades de Convivencia que se ven a día de hoy obligadas a compartir piso por su situación de pobreza.
  • Es necesario revisar las cuantías de las prestaciones y que se recuperen los recortes que se han realizado durante los últimos años (la no aplicación de la subida del SMI sumada al recorte del 7%), con el fin de posibilitar que las personas salgan de la pobreza.
  • Es IMPORTANTE que sea un sistema claro, accesible y entendible por todas las personas y, en especial, por aquellas que deban hacer uso del sistema.
  • Debe prestar especial atención a los colectivos de mayor vulnerabilidad y con menor acceso a recursos.
  • Estrategias de inclusión social al margen de lo laboral, en clave de desarrollo comunitario, de ciudadanía activa y participación social.
  • Estrategias para intervenir desde la perspectiva de la Infancia y la familia

• Específicamente sobre el SISTEMA DE INCLUSIÓN EN EUSKADI, vemos necesario e imprescindible el desarrollo efectivo del sistema; de no hacerlo así estamos “asistiendo” a las personas, algo necesario e imprescindible, pero no las estamos promocionando; no estamos contribuyendo a su inclusión social ya que, de alguna manera, estamos dando una respuesta puramente asistencialista a los problemas de pobreza y exclusión. Debemos impulsar políticas para la promoción de las personas que se plasmen en un Plan de Inclusión Social que contemple todas las estrategias de promoción de las personas; incluyendo estrategias de inclusión social al margen de lo laboral, en clave de desarrollo comunitario, de ciudadanía activa y participación social; así como de intervención desde la perspectiva de la infancia y la familia, dando y ofreciendo importancia a los trabajos de cuidados.

• En cuanto a UN SISTEMA DE RENTAS MINIMAS EN GENERAL y la planificación a futuro:
  • Es necesario llegar a acuerdos y que los sistemas de rentas mínimas estatal y autonómico sean complementarios.
  • Un sistema de estas características nos hará avanzar en la universalización de los sistemas de garantía de ingresos.
  • Debe ser un sistema accesible para todas las personas que lo necesiten, por ello, urge una simplificación de trámites (gestión unificada, ventanilla única).

• Por último, pero quizá como uno de los puntos más importantes, creemos, más que nunca, en la necesidad de iniciar campañas de sensibilización hacia la sociedad sobre la importancia y la lucha contra la aporofobia.

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[1] Teniendo en cuenta el Dictamen aprobado por el Comité en virtud del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas respecto de la comunicación núm. 5/2015: http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=4slQ6QSmlBEDzFEovLCuWwFxY1mqLbp5EEjeL2wr8QZ5yGdFWeZK8t%2BOYmr%2FpqooooDrULo4nTNRoacaMIyCwOPIiVFYGqGKWwICkSlZEWvafpCQubeyVivaF1E1Kjt6qzgHzYnWNBFTH3LCPQeReA%3D%3D

Desde EAPN Euskadi llevamos trabajando desde el 2014 en la comisión de trabajo Infancia y familia que aglutina a diferentes entidades sociales que trabajan en intervención con familias e infancia.

La crisis sanitaria que estamos viviendo en los últimos meses, debida a la pandemia por el COVID-19, está teniendo un gran impacto sobre toda la sociedad, pero especialmente sobre las personas más vulnerables como son las familias, los niños, niñas y adolescentes, y las mujeres solas con hijo/as a su cargo.

Anteriormente a la crisis del Covid-19, desde la Comisión de trabajo de Infancia y Familia de EAPN Euskadi, veíamos que eran muchas las cuestiones y preocupaciones por temas relacionados con la infancia y la familia y, que ya veníamos denunciando, como son las desigualdades existentes, las brechas de género y digitales, la pobreza, el aumento de la pobreza de las familias, la limitación en el ejercicio de los derechos de la infancia, entre otras.

A la preocupación por este aumento exponencial de la pobreza y la desigualdad de las familias y de la exclusión social, así como a la especial vulnerabilidad de aquellas que tienen menores a su cargo, se suma la preocupación por los efectos negativos que la crisis sanitaria, provocado por el COVID-19 está dejando, y va a dejar, en las familias y en los/as niños y niñas. Creemos que las problemáticas detectadas anteriormente, se van a agravar más y van a aparecer nuevos problemas y situaciones que van a necesitar una mayor respuesta por parte de las instituciones y de la sociedad.

Por ello, desde las entidades que forman parte de la Comisión de trabajo de Infancia y Familia de EAPN Euskadi, hemos realizado un diagnóstico de la situación de las familias y los/as menores que están siendo atendidas en las entidades sociales, de cara a conocer cuáles son las necesidades, dificultades y la realidad que están viviendo, a raíz del COVID-19, con el fin de poder realizar propuestas concretas, que alivien la situación de dificultad de las familias y menores en situación de mayor vulnerabilidad.

COMO ESTÁ IMPACTANDO LA COVID-19 EN LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA

Algunas de las consecuencias más relevantes, son el aumento de la pobreza y exclusión social infantil, problemas de salud física y mental y el aumento de las desigualdades, tanto económicas como educativas. Ha habido un aumento claro de los problemas para el seguimiento del curso escolar, así como de los relacionados con la escasez de recursos. Además, estas consecuencias no afectan por igual a todos y a todas, sino que son nuevamente las y los más vulnerables quienes las están sufriendo de manera más acentuada.

Por esto, urge responder también con estrategias basadas en derechos de infancia. Y es que la actual situación de pandemia augura un incremento en los niveles de pobreza y desigualdades sociales, superando, probablemente, los de la crisis del 2008.

La creciente pobreza y exclusión social de la infancia, no es un fenómeno que se manifieste solamente en diferencias de renta y riqueza entre familias, sino que va acompañada de una falta de igualdad de oportunidades y de acceso a la educación, entre otros.

Durante los meses de inicio de pandemia y confinamiento, las familias y los niños y niñas en situación de mayor vulnerabilidad, soportaron situaciones de mucho stress que vulneran los derechos de la infancia, y que desde el grupo de trabajo de Infancia y familia de EAPN Euskadi detectamos.

En esta situación es necesario priorizar medidas que garanticen una vida mejor y protejan a cada niño, niña y adolescente. Las problemáticas ya estaban presentes antes de la crisis, que no ha hecho sino agravarlas y ponerlas aún más de manifiesto.

Por lo tanto, creemos que es importante y urgente favorecer que todos los niños, niñas y adolescentes puedan recibir servicios de atención infantil accesibles, asequibles y de calidad y para fortalecer el sistema de protección social que garantice los derechos de todos y cada niño, niñas y adolescente.

20 de noviembre- Día Mundial de la Infancia

EAPN Euskadi, Astialdi Sarea y UNICEF Comité País Vasco se unen para defender los derechos de la infancia y la adolescencia en todos los barrios y municipios de la CAPV

Bilbao, 19 de noviembre de 2020. Mañana, 20 de noviembre, se celebra el Día Universal de la Infancia y la Adolescencia y el 31º aniversario de la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), un tratado que contiene las normas mínimas que las instituciones deben aplicar para garantizar la atención sanitaria, la educación, así como la protección jurídica y social de niños, niñas y adolescentes.

Una fecha en la que debemos poner en la agenda política y social el bienestar de toda la infancia, ya que, además, este año el impacto del coronavirus se está haciendo evidente en los niños, niñas y adolescentes, que lo están sufriendo sin recibir explicaciones ni ser tenidos en cuenta. Algunas de las consecuencias más relevantes son el aumento de la pobreza infantil, problemas de salud física y mental y el aumento de las desigualdades, tanto económicas como educativas. Además, estas consecuencias no afectan por igual a todos y a todas, sino que son nuevamente las y los más vulnerables quienes las están sufriendo de manera más acentuada.

Por eso, EAPN Euskadi, Astialdi Sarea y UNICEF Comité País Vasco nos unimos para pedir conjuntamente a las instituciones públicas que prioricen medidas que garanticen una vida mejor y protejan a cada niño, niña y adolescente, demostrando así su compromiso con la infancia y la adolescencia, y con el futuro de Euskadi.

“La situación de partida en la CAPV, con más del 26% de menores de 18 años (más de 93.000) en riesgo de pobreza o exclusión social según la ECV 2019, y el impacto de la crisis en el mercado de trabajo nos permiten afirmar que nunca antes tantas familias se han empobrecido tan rápido como ha ocurrido en los últimos meses”, apuntan desde EAPN Euskadi.

Desde UNICEF Comité País Vasco recuerdan que “se trata de avanzar, conjuntamente, en el Pacto vasco por las familias y la infancia para favorecer que todos los niños, niñas y adolescentes reciban servicios de atención infantil accesibles, asequibles y de calidad; para reorientar las políticas educativas y profundizar en la construcción de un sistema escolar inclusivo y coeducador, capaz de garantizar la equidad y de compensar las dificultades del alumnado en situación de desventaja social y económica; para favorecer el acceso de todos los niños, niñas y jóvenes, en igualdad de condiciones, a una oferta más amplia de recursos y equipamientos socioeducativos, deportivos, culturales y de ocio y tiempo libre, y para fortalecer el sistema de protección social que garantice los derechos de todos y cada niño, niña y adolescente”.

En estas circunstancias excepcionales se está poniendo a prueba nuestra capacidad de respuesta como sociedad, no solo ante la emergencia derivada de la COVID-19, sino frente a los retos que se nos plantean a futuro, de recuperación, para salir de esta crisis mejor, con mayor sostenibilidad, equidad y oportunidades de prosperidad para todos y todas. Tenemos que reimaginar, entre todos y todas, el futuro que queremos para nuestra infancia, porque si los niños, niñas y adolescentes tienen hoy los medios para educarse, jugar, aprender, desarrollarse y crecer, significa que en el futuro toda la sociedad tendrá éxito.

Astialdi Sarea, como red de entidades que buscan impulsar y fortalecer la educación en el tiempo libre en Euskal Herria, como herramienta de construcción, transformación y cohesión social, apunta “la necesidad de una estrategia global en defensa de los derechos de la infancia. Con diagnóstico, misión, visión y articulación operativa (planificación, seguimiento y evaluación continua)”.

Para ello, EAPN Euskadi, Astialdi Sarea y UNICEF Comité País Vasco hemos elaborado unas propuestas de recuperación desde un enfoque de derechos de infancia y adolescencia.,Hablamos de la necesidad de analizar con rigor el impacto de la COVID-19 sobre la infancia y la adolescencia, especialmente sobre aquellos grupos más vulnerables y adaptar, en consecuencia, esa estrategia global que conllevaría: reforzar las ayudas sociales de emergencia que reciben las familias con hijos e hijas menores de edad a cargo, reforzar los programas educativos dirigidos a niños y niñas, y ofrecer viviendas y/o alternativas habitacionales dignas; Que todos los barrios y municipios de la CAPV dispongan de centros de iniciativas socioeducativas, y ocio y tiempo libre, para el apoyo a la infancia, la adolescencia y las familias; crear espacios protectores frente a cualquier tipo de violencia. Y todo ello, potenciando la participación real de los niños, niñas y adolescentes.

Las instituciones públicas deben tener en cuenta que todas las decisiones que se tomen tienen efectos sobre la infancia y la adolescencia, tanto en la respuesta a la crisis como en la recuperación. Por ello, deben involucrar a todas las áreas de gobierno en la promoción de los derechos de la infancia para lograr que los objetivos sean compartidos y las acciones se realicen de forma coordinada intra e interinstitucional, con la participación activa de la diversidad de agentes de la sociedad vasca, y en especial de las redes y organizaciones que componen el tercer sector social.

Acerca de EAPN

La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) en Euskadi se constituye oficialmente en el año 1997 con la finalidad de agrupar a las entidades del Tercer Sector implicadas en la Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social.  Actualmente la componen 38 organizaciones de la Comunidad Autónoma del País Vasco, que trabajan con diferentes colectivos de personas en situación de pobreza y exclusión social, dispuestas a trabajar en red propiciando el debate sociopolítico y presentando alternativas válidas para superar esas situaciones.

Acerca de Astialdi Sarea

ASTIALDI SAREA es la red vasca de organizaciones de tiempo libre educativo, desarrolla proyectos con infancia, adolescencia y juventud, instrumentos de intervención social, en barrios y municipios de Bizkaia, Gipuzkoa y Araba, en clave comunitaria, de voluntariado y con valores, para el desarrollo de las personas. Son también las escuelas de formación de agentes: monitoras y monitores, directoras y directores, de tiempo libre educativo.

Acerca de UNICEF

UNICEF trabaja en algunos de los lugares más difíciles para llegar a los niños y niñas más desfavorecidos del mundo. En 190 países y territorios, trabajamos para cada niño, en todas partes, cada día, para construir un mundo mejor para todos.

El pasado 25 de octubre es la fecha de la Campaña estatal sobre personas sin hogar. La red EAPN Euskadi en colaboración con la plataforma Beste bi realizó un acto el día 23 de octubre en el Arenal de Bilbao.

Bajo el lema “NO TENER CASA MATA. Sus sueños, sus oportunidades, su confianza… sus derechos” se realizó una rueda de prensa para dar lectura a un manifiesto elaborado de manera conjunta que, apoyado en varios datos hacía una serie de reivindicaciones a la sociedad, a las entidades sociales y a las instituciones públicas.

LEER MANIFIESTO COMPLETO

Además, en la rueda de prensa se realizó la presentación del VIDEO elaborado por entidades y personas atendidas en centros de apoyo a personas con problemas de exclusión residencial.

VER VIDEO

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