Tras nuestra comparecencia en la mesa de la Comisión de Empleo, Políticas Sociales y Juventud como colectivos, movimientos sociales, sindicatos, entidades sociales, plataformas y redes del Tercer Social de Euskadi nos posicionamos ante la Proposición de ley para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social.
POR UNA RGI QUE ACABE CON LA POBREZA. MURRIZKETARIK EZ!
En concreto, PEDIMOS que en la próxima legislatura se retire o, cuando menos, se modifique de manera sustancial la Proposición de Ley para la Garantía de Ingresos y para la inclusión social presentada por PNV y PSE y cuya toma en consideración se aprobó en el Pleno del Parlamento Vasco el 27 de junio de 2019.
Hay que tener en cuenta que este pasado año se planteó de nuevo la reforma del sistema de protección social a través de la Proposición de Ley para la Garantía de Ingresos y para la inclusión social. Así, desde el Parlamento Vasco, la mesa de la Comisión de Empleo, Políticas Sociales y Juventud acuerda convocar a diferentes entidades, grupos, colectivos sociales o redes del Tercer Sector de Euskadi a comparecer en el Parlamento a fin de que pudiéramos realizar nuestras aportaciones en relación a la citada proposición.
Este sistema necesita ser REFORZADO, ACTUALIZADO Y MEJORADO desde el análisis de la realidad para la mejora de la vida de las personas. Instamos a las instituciones a que doten a este sistema de la legitimidad social y política necesaria, así como a que pongan a disposición del sistema el compromiso y los medios suficientes para acabar con la pobreza y la exclusión social en Euskadi;
En nuestro territorio:
- Las mujeres recogen el 55% de los casos de pobreza real.
- Las familias monoparentales encabezadas por mujeres recogen un 30% de la pobreza.
- 172.307 personas (el 8% de la población) vive en riesgo de pobreza (tiene menos de 541,27 euros al mes para vivir).
- 484.571 personas (el 22,4% de la población) vive en situación de riesgo de ausencia de bienestar (viven con menos de 811,90 euros al mes).
Además, debemos señalar que, de estas personas, según datos de la Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales de Euskadi (2018),
- Una parte importante de la población en riesgo de pobreza no accede al sistema por diferentes razones (no cumplir requisitos de acceso, falta de información u otras cuestiones); hablamos de un total de 60.618 personas en 2018 (un 30,7% del total de hogares en riesgo).
- Una parte importante de la población que accede al sistema no sale de la pobreza. En concreto un 51,56% de las personas (70.348 personas) en el año 2018.
TRAS ESTE ANÁLISIS INSISTIMOS EN QUE:
- Es NECESARIO que se desarrolle adecuadamente el sistema de Inclusión Social y que
se
avance en el reconocimiento de los dos Derechos:
- Derecho a la Garantía de Ingresos
- Derecho a la Inclusión Social
- DEBE replantearse la nueva conceptualización que da la proposición de ley a la “unidad de convivencia”, ya que no tiene en cuenta la realidad actual de la sociedad vasca en cuanto a convivencia (no necesariamente teniendo vínculos afectivos o de otra índole). La limitación de una RGI por vivienda expulsará del sistema de protección a miles de Unidades de Convivencia que se ven a día de hoy obligadas a compartir piso por su situación de pobreza.
- Es IMPRESCINDIBLE revisar los criterios de acceso para que las personas que se encuentran en situación de pobreza y exclusión social puedan acceder a prestaciones sociales y tengan medios suficientes de subsistencia, tal y como estipula la Declaración de los Derechos Universales.
- Es URGENTE que se revisen las cuantías de las prestaciones y que se recuperen los recortes que se han realizado durante los últimos años (la no aplicación de la subida del SMI sumada al recorte del 7%), con el fin de posibilitar que las personas salgan de la pobreza. Debe proponerse un indicador estable, que sea suficiente para salir de la pobreza y revisable en función del nivel de vida.
- Es IMPORTANTE que sea un sistema claro, accesible y entendible por todas las personas y, en especial, por aquellas que deban hacer uso del sistema. El actual sistema es complicado de entender, la tramitación resulta compleja para parte de la población y hay elementos que suscitan diferentes interpretaciones, que pueden ocasionar problemas en detrimento de la garantía del derecho. Es igualmente importante que se dé una interoperabilidad y coordinación entre los diferentes sistemas que permita una agilidad y mejora en la gestión.
- Además, en la proposición de ley presentada, quedan muchos elementos sujetos a reglamentación posterior.
Se DEBE PRESTAR ESPECIAL ATENCIÓN a aquellos colectivos de especial vulnerabilidad, entre ellos a mujeres con problemas de especial vulnerabilidad y a las personas mayores:
- Incluyendo la perspectiva de género en el propio diseño de la ley, tal y como se dispone en los artículos 18 a 20 de la Ley 4/2005, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, que dispone que se “ha de analizar si la actividad proyectada en la norma o acto administrativo puede tener repercusiones positivas o negativas en el objetivo global de eliminar las desigualdades entre mujeres y hombres y promover su igualdad”.
- Adaptando la Ley al Convenio de Estambul, Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha con la violencia contra la mujer y la violencia domésticas, que forma parte de nuestro ordenamiento interno desde 2014; cambiando la utilización del término “violencia en el ámbito familiar”, de la actual proposición de ley, por una nueva definición que abarque todas las situaciones de violencia que las mujeres puedan padecer a consecuencia de la desigualdad de género.
- Introduciendo la perspectiva del interés superior de la infancia, tal y como estipula la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas y nos recuerda el ARARTEKO en recomendaciones del año 2015. Además, es importante prestar atención a las personas que salen de nuestros sistemas de protección de infancia al cumplir 18 años, además de apoyar los procesos de emancipación de las y los jóvenes.
- Previendo medidas de atención y protección a las familias monoparentales y en especial, aquellas encabezadas por mujeres que, como decíamos, sufren el 30% de los casos de pobreza en la CAE.
- Revisando el concepto de núcleo pensionista y haciéndolo extensible a familias con miembros que puedan tener pensiones por discapacidad, salud metal…
- Poniendo especial atención a las personas con discapacidad, sin mezclar conceptos como “dependencia” o “discapacidad” y garantizando el carácter público de todas las fases de procedimiento, sin establecer procedimientos específicos para personas específicas.
- Cuidando la atención a personas refugiadas y apátridas, como algo necesario debido a las dificultades especiales del colectivo y no debido a situaciones coyunturales y revisando los conceptos jurídicos que hacen referencia a personas solicitantes de asilo, poniendo especial cuidado en la redacción ya que pueden llegar a excluirse algunas personas en el intento de concretizar, como ocurre, en este caso, con las personas a las que se les ha concedido la residencia “por razones humanitarias.
- Replanteándose medidas de atención y acceso de las personas con problemáticas graves de exclusión social y garantizando su acceso al sistema.
Las comparecencias
que
hemos realizado
desde las organizaciones hoy presentes, hacen
aportaciones concretas encaminadas a dar
solución a estos y otros problemas del sistema; en Euskadi la
realidad social
y las cifras de pobreza y exclusión social exigen
hoy
revisar y mejorarlo.